La representante legal de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Rossy Salazar, planteó a LA PRIMERA que un eventual juicio sobre las esterilizaciones forzadas durante los años 90 determine al menos la responsabilidad del exdictador Alberto Fujimori sobre este caso emblemático de abuso contra la mujer, luego de lamentar que éste no sea considerado en ese proceso judicial.
Salazar hizo la reflexión con motivo de la evaluación que hará hoy y mañana el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) sobre las sanciones por las esterilizaciones forzadas en la dictadura de Fujimori y sobre la implementación de la píldora del día siguiente.
El Estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha respondido a este comité de la ONU sobre diversos requerimientos, pero ha evitado hacerlo sobre los dos temas mencionados. Si ahora no satisface las expectativas de la entidad internacional, el Estado sería sancionado políticamente.
“Preocupa que no se responda a esa solicitud porque expresa falta de motivación política en un tema tan sensible que refiere a abusos contra la mujer”, indicó Salazar.
JUICIO PENDIENTE
El caso aún continúa a cargo de la primera Fiscalía Supraprovincial de Lima a cargo de Edith Chamorro y están involucrados tres ministros de Fujimori, entre ellos Alejandro Aguinaga, Marino Bauer y Eduardo Yong Motta, así como diversos médicos que, siguiendo políticas del Programa de salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, implementadas por el dictador Fujimori, atentaron contra la fecundidad de dos mil 74 mujeres, aunque habría más casos aparecidos últimamente.
Tomado de diariolaprimera.com