Vicente Armando Ramírez Ríos, Domidel John Díaz Casella y Víctor Cucho Osiquiano, ex funcionaros de la municipalidad provincial de Ica, fueron interrogados hoy en la Comisión Investigadora Multipartidaria del congreso de la República, presidida por el congresista Daniel Mora Zevallos (GPPP), la agenda se centro en las presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del ex Alcalde de Ica Mariano Nacimiento.
En la sesión los congresistas José Elías Ávalos (FP) y Roberto Ángulo Álvarez (NGP) interrogaron a los ex funcionarios sobre irregularidades detectadas en esta comuna.
Vicente Armando Ramírez Ríos, asesor legal de la Municipalidad Provincial de Ica, informó sobre presuntas irregularidades en la compra de terrenos e inmuebles para la construcción y ampliación de la avenida San Martín en Ica. Dijo que en su condición de representante del alcalde participó de un 80% de transacciones, añadió que sí hubo rectificaciones en algunos pagos de inmuebles, esto se hizo previo informe de un tasador.
Admitió que faltó regularizar la autorización para expropiar algunos inmuebles, realizada de manera irregular a través de una ordenanza. Agregó que las propiedades compradas no fueron inscritas ante los registros públicos por algunas observaciones. Sin embargo, aclaró que en su gestión no se pagó más de 900 mil soles por un inmueble tasado en 80,443 soles.
Por su parte, el ex funcionario Domidel John Díaz Casella informó que renunció a la Municipalidad Provincial de Ica por falta de apoyo logístico y demora en los trámites. Descartó haber participado en supuestas irregularidades en los cambios de zonificación. Sin embargo manifestó que luego de alejarse de la comuna se desempeñó como consultor del municipio en temas de ornato, seguridad ciudadana y fomento de las inversiones privadas, precisando que sus actividades privadas no guardaban relación con sus gestiones a favor de la Municipalidad de Ica.
Otro de los interrogados por la comisión investigadora del congreso fue Víctor Cucho Osiquiano, jefe del Órgano de Control Institucional SAT –ICA, quien denunció irregularidades cometidas, entre ellas el cobro de cheques, por trabajadores, de montos que llegarían hasta los 52 mil soles.
También reveló pagos irregulares de alcabala y gastos que no corresponden al SAT, entre otros. Expresó que por denunciar estos hechos ante la Fiscalía Penal de Ica, ha recibido amenazas de muerte.
Texto trabajado con información de Prensa del Congreso.