click en imagen para ir al informe completo

La falta de seguridad ciudadana y la tendencia de algunos líderes de América Latina por perpetuarse en el poder se presentan como las dos mayores amenazas a los derechos humanos en la zona, según el último informe de la organización Human Rights Watch (HRW), presentado ayer en Washington, D.C.

“Nos preocupa especialmente que en muchos países las principales violaciones de derechos humanos estén relacionadas con el problema de la seguridad de los ciudadanos”, declaró al diario EL PAIS José Miguel Vivanco, director de la organización en América. “El mayor desafío que podemos identificar para las democracias es la falta de preparación de los estados que no investigan las amenazas a la seguridad, están poco entrenadas, tienen pocos recursos y poca credibilidad profesional ante la ciudadanía”.

El informe destaca la situación en México, donde el Gobierno de Felipe Calderón reconoció que se habían cometido 45.000 homicidios desde que éste accediera a la presidencia en 2006, pero sólo ha abierto investigación por 997 causas. De todas ellas, apenas se han presentado cargos contra 360 personas y se ha condenado a 29.

“Se trata de una cifra mínima en relación con la gravedad y el número de abusos cometidos”, afirmó Vivanco. “No sabemos como el Gobierno sigue manteniendo que el 90% de las víctimas son miembros del narco que se matan entre ellos, cuando no se investigan los hechos. Les retamos a que documenten cómo han llegado a esa conclusión”.

El informe de HRW ha documentado durante los dos últimos años evidencias de violaciones de derechos humanos en cinco estados mexicanos, prácticas de tortura “de manera sistemática por las fuerzas de seguridad” y la falta de justicia y recursos judiciales para las víctimas. “La ausencia de investigación por parte de las autoridades durante las últimas décadas es sinónimo de impunidad”, declaró Vivanco durante la presentación del informe.

El director de HRW en la zona alegó que la falta de preparación de los cuerpos de policía y la injerencia de las fuerzas armadas no ofrece mejoras en materia de seguridad y además empeora el historial en materia de derechos humanos.

La organización identifica también como preocupante la tendencia a mantenerse en el poder de los líderes de algunos países, su interés por asegurarse oportunidades de reelección, el control sobre el poder ejecutivo, las presiones sobre medios de comunicación independientes y la falta de libertades públicas. HRW recomienda a los Estados que inviertan en más recursos para investigar crímenes, recaben más datos al obtener una denuncia por parte de cualquier ciudadano e impedan así que las violaciones de derechos humanos queden impunes.

HRW identificó también en este último año tendencias positivas, especialmente en México y Colombia, donde las cortes supremas han cambiado la legislación para afianzar el ejercicio de los derechos fundamentales. El informe destaca además “la apertura y el entendimiento” mostrado por el gobierno colombiano con respecto a los derechos humanos en el último año, pero lamenta dos grandes cuestiones sin resolver. La organización identificó 100.000 nuevos desplazados dentro del país -el total asciende a 3,7 millones de ciudadanos- a causa de la violencia, y los asesinatos de sindicalistas que, a pesar de que las muertes se redujeron en 2011 a 29, la cifra sigue poniendo a Colombia por delante de ningún otro país.

En Cuba, la organización reconoció la importante liberación de todos los presos políticos del ‘Grupo de los 75’, condenados en la primavera de 2003 por Fidel Castro y en libertad -bajo la condición del exilio- después de las negociaciones con el Gobierno español en 2011. Sin embargo, la situación de la oposición ni las prácticas del régimen han cambiado en este último año, según el informe. Vivanco compartió su esperanza de que la presión de la comunidad internacional funcione: “Si no, seguiremos lamentando casos como el fallecimiento del opositor Wilman Villar Mendoza”.

El informe de HRW destaca en su apartado sobre Estados Unidos tres grandes amenazas a los derechos humanos en el país. Por un lado, la negación de Obama a vetar la renovación del mandato que permite detener indefinidamente a sospechosos de terrorismo en el país, desplazar a los detenidos en la base naval de Guantánamo a territorio norteamericano para juzgarles, y que autoriza al ejército a realizar detenciones en el territorio norteamericano, algo prohibido por ley desde hace 150 años. El documento también denunció el uso de la cadena perpetua en sentencias contra menores de edad, las leyes de inmigración de estados como Alabama -que criminalizó la presencia de estudiantes indocumentados en las escuelas o firmar contratos con las autoridades- y el desigual acceso a la justicia.

HRW lamenta el hecho de que EE UU siga siendo el primer país del mundo en dictar penas de prisión, con 2.3 millones de ciudadanos en sus cárceles. Además, desde el año pasado, los ciudadanos hispanos además son el grupo de población que recibe más condenas de prisión en cárceles federales, por delante de los afroamericanos, y tienen cinco veces más probabilidades de ser condenado a cadena perpetua que uno blanco.